El proyecto delimitó un universo de acción alrededor de 19 instituciones públicas a nivel federal claves para los controles y contrapesos, así como para la protección de los derechos humanos de todas las personas, que en conjunto representaron 125 procesos de designación. Dentro de este universo hay instituciones que fueron eliminadas a raíz de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica de 2024 y una que se divide en dos órganos derivado de la reforma al poder judicial del mismo año, resultando en 14 instituciones.

La premisa del trabajo fue que en la medida que las designaciones públicas se llevarán a cabo bajo altos estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, se daba un marco para que las personas con los perfiles más idóneos asumieran dichas responsabilidades y con ello se evitará su captura y se vigorizara la vida democrática del país.

Para materializar lo anterior, el proyecto definió cinco líneas estratégicas: 1) monitoreo e incidencia en procesos de designación, 2) acompañamiento y/o asesoría técnica en procesos de designación, sobre todo a nivel subnacional o fuera del universo priorizado por el ODP, 3) articulación y trabajo en colectivo y redes, 4) investigación para la incidencia y 5) comunicación.